Dincat, federación de entidades representante del sector de la discapacidad intelectual en Cataluña, celebra que finalmente se haya llegado a un acuerdo para formar Gobierno, dando luz verde a una nueva legislatura que, espera esté comprometida con el colectivo y impulse políticas públicas concertadas con el sector.
El sector de la discapacidad intelectual arrastra una situación desde hace años que pone en peligro la estabilidad de las entidades que apoyan al colectivo y, por tanto, la calidad de vida de las personas atendidas y sus familias. Un contexto que aún se ha visto más agravado debido a la crisis de la Covidien-19, que ha intensificando las situaciones de desigualdad y discriminación que sufre el colectivo. Por ello, Dincat reclama revertir esta situación a la que han llevado, entre otros, la infrafinanciación crónica de los servicios, la larga lista de espera para servicios esenciales, la falta de inversiones y la falta de un marco legal que reconozca el Tercer Sector como prestador de servicio público a través de la acción concertada.
"Pedimos a los miembros del nuevo Gobierno que prioricen las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Ahora, con una nueva legislatura en frente, se tiene la oportunidad de demostrar que somos un país socialmente comprometido, justo e inclusivo, tal como determina la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad de la ONU ", reclama Carles Campuzano, director de Dincat. "Esperamos que no nos decepcionen, nos escuchen y empezamos juntos e inmediatamente a construir políticas públicas concertadas con el sector", añade.
La federación recoge en un documento los 10 puntos clave que el nuevo gobierno de la Generalitat ha de atender para garantizar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual:
- LISTAS DE ESPERA. Acabar con las listas de espera para acceder a servicios residenciales y de atención diurna, concertando nuevas plazas y financiando nuevos servicios de vivienda que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual.
- TARIFAS A LA ALTURA. Actualizar las tarifas y subvenciones y poner en marcha un plan de inversiones, con el objetivo de fortalecer y consolidar el sector, y un plan de choque con medidas extraordinarias para hacer frente a los sobre costes asumidos por las entidades durante la pandemia del Covidien-19 y proteger los puestos de trabajo de las personas con discapacidad intelectual.
- TRABAJO DIGNO. Incrementar los recursos de los Centros Especiales de Trabajo para garantizar los puestos de trabajo para las personas con especiales dificultades y promover un modelo de trabajo inclusivo que garantice la igualdad de oportunidades.
- ELIMINAR COPAGO. Revisar el actual sistema de copago para evitar situaciones de empobrecimiento y para hacerlo compatible con el desarrollo de los proyectos de vida de las personas con discapacidad.
- EDUCACIÓN INCLUSIVA. Desplegar el sistema de educación inclusivo para mejorar el acceso, participación y logro de competencias del alumnado con necesidades educativas especiales e incrementar la actual financiación de los conciertos.
- LEY TERCER SECTOR Y ACCIÓN CONCERTADA. Impulsar una ley del Tercer Sector que reconozca el papel clave de las entidades de iniciativa social en la provisión de los servicios sociales y regule de manera adecuada la acción concertada haciendo posible un modelo de colaboración público basado en la excelencia en la atención a las personas.
- Incorporar la perspectiva de la discapacidad en la atención sanitaria, reforzar la coordinación entre la atención primaria y los servicios residenciales y garantizar el acceso al sistema de salud en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad.
- VIDA INDEPENDIENTE. Adaptar el modelo de atención a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, garantizando que puedan vivir de forma independiente, participando plenamente en todos los aspectos de su vida y tomando sus propias decisiones con los soportes adecuados.
- ACCESIBILIDAD COGNITIVA. Garantizar el acceso a una información clara, de fácil comprensión y accesible para toda la ciudadanía, ya que entender la información es un derecho.
- CÓDIGO CIVIL CATALÁN. Acelerar la reforma del código civil catalán, para pasar de un modelo de incapacitación jurídica a un modelo basado en los soportes según determina la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.
